Los jueces, preocupados por las vacantes y los retrasos

 

Hay 2.387 juicios orales pendientes y 249 cargos de jueces vacantes por distintas responsabilidades.

 

25/09/13

La Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional y la Cámara Nacional de Casación Penal manifestaron, por separado, su preocupación, por los juzgados que permanecen vacantes por retrasos del Gobierno y el Consejo de la Magistratura y el colapso de los juicios orales.

Un informe de Casación que circula por Tribunales señala que los seis Tribunales Orales Federales (TOF) de la Capital Federal tienen 2.387 juicios pendientes luego de que los casos que les llegan crecieron 338% en diez años.

Esto, pese a que durante el gobierno de Menem se creó el sistema de juicios orales para que la condena quede en ese nivel y no como antes en los jueces de instrucción, para acelerar las causas. El proyecto se conoció como la reforma de León Arslanian, entonces secretario de Justicia de Menem.

Este colapso es una de las causas que provoca, como pasó la semana pasada, que el caso de Carlos Menem y la cuenta en Suiza que descubrió Clarín en 2001, prescriba. Ese retraso en los juicios orales provoca además que presos por narcotráfico o secuestros extorsivos, que llevan más de dos años en prisión preventiva sin sentencia, deban ser excarcelados por los jueces porque no se les puede hacer el juicio oral.

Además, están pendientes de realización en juicio oral procesos por la represión ilegal de la dictadura. Hay un juicio por la ESMA II y otro por el Plan Cóndor de represión de las dictaduras del cono sur durante los setenta.

El otro problema son la falta de jueces. Respecto de la responsabilidad del Gobierno en esas vacancias, la asociación -que presidente el camarista Luis Cabral- subrayó que “ se registran 249 cargos vacantes de juez nacional o federal entre juzgados de primera instancia y tribunales colegiados. Si bien varias de dichas vacantes se encuentran incorporadas a un concurso en trámite en el Consejo de la Magistratura, 65 están en condiciones de ser cubiertas por el Poder Ejecutivo a partir de las ternas que le fueron enviadas”. Al día de la fecha “existen 7 vacantes de juez con concurso concluido a consideración del Plenario; 80 afectadas a concursos en trámite; 10 para resolver eventuales acumulaciones a procedimientos abiertos y 87 a la espera de la convocatoria de un nuevo concurso”.

Todo después del virtual fracaso de la reforma judicial

Piden a la Justicia nuevos testimonios en la causa por el asesinato de Rucci

 

Lo hicieron los hijos del sindicalista. Quieren que declaren la hija de un ex gobernador y el periodista Bonasso

Conmoción. Policías, alrededor del auto al que iba a subir Rucci cuando fue asesinado, el 25 de septiembre del 73.      

25/09/13

Los hijos del sindicalista José Ignacio Rucci, asesinado a tiros en una emboscada, pidieron a la Justicia que convoque a dos nuevos testigos en la causa para esclarecer aquel crimen político, del que hoy se cumplen 40 años. El pedido alcanza a la diputada nacional kirchnerista Gloria Bidegain, hija del entonces gobernador bonaerense Oscar Bidegain, y Miguel Bonasso, ex diputado nacional, escritor, periodista y ex militante de la organización guerrillera “Montoneros”. Ahora, el juez federal Ariel Lijo debe resolver si accede al pedido de la diputada nacional Claudia Rucci y su hermano Aníbal, que ya habían pedido los testimonios de los ex jefes montoneros Mario Firmenich y su esposa (residentes en España), Fernando Vaca Narvaja (actual ministro de Obras Públicas en Río Negro), y Roberto Perdía, entre otros.
En 1973, Rucci vivía en un departamento de dos ambientes que hizo construir en la terraza de la CGT de la calle Azopardo, justo arriba de su despacho del 5° piso. Pero la noche anterior a su muerte, la pasó con su mujer y sus hijos en una casa chorizo de Avellaneda 2953, entre Argerich y Nazca. El 25 de septiembre, 48 horas después de las elecciones generales en las que Juan Domingo Perón derrotó con amplia ventaja al radical Ricardo Balbín y resultó electo presidente por tercera vez, fue acribillado por francotiradores. Recibió un disparo mortal de FAL, que entró por su cuello, y le partió la yugular. Era las 12.10.
La investigación judicial arrancó ese mismo año, pero por la falta de resultados fue archivada en 1988. A raíz de la publicación del libro “Operación Traviata”, el juez Lijo reabrió el 26 de septiembre de 2008 la causa. En agosto de 2012, el magistrado desechó el pedido de la diputada Rucci de considerarlo delito de lesa humanidad, y quedó a un paso de prescribir.
Pero en diciembre de ese año, la Cámara Federal le ordenó al juez avanzar en la investigación de los autores materiales del crimen del ex secretario general de la Confederación General del Trabajo (CGT). Los jueces Horacio Cattani, Martín Irurzun y Eduardo Farah ordenaron una gran cantidad de medidas de prueba para determinar “después el grado de inserción o pertenencia” que “pudieron haber tenido en la organización que se atribuyó el suceso”, esto es Montoneros. Lijo reaccionó llamando a varios testigos.
En agosto pasado, un ex integrante de Montoneros, Alejandro Peyrou, declaró que militantes de esa agrupación participaron del asesinato. Según ese testigo, el móvil del crimen fue el “limitar o condicionar” y “desafiar” a Perón “tirándole un cadáver”. Peyrou, por entonces funcionario de la Cancillería, aseguró también que la responsabilidad de Montoneros “fue reconocida internamente muy rápidamente por múltiples vías”, aunque “públicamente ninguno de los miembros de la conducción nacional lo reconoció”.
En su último libro, “Montoneros. El peronismo combatiente en primera persona”, Roberto Perdía, ex número dos de Montoneros, descartó cualquier responsabilidad de la conducción.
“¿Usted dice que (la conducción de Montoneros) no tuvo ninguna vinculación con el asesinato de Rucci?, le preguntó Clarín en una entrevista reciente: “Ni personal ni de conducción. Y puedo ratificar que la decisión no fue esa”, dijo.