Detuvieron al acusado de balear a una embarazada en Ciudad Evita

Un hombre de 30 años fue detenido herido de bala en una pierna tras un enfrentamiento armado en la localidad bonaerense de Ciudad Evita y quedó acusado de haber sido quien disparo contra una mujer embarazada y provoco la perdida de su hijo.

El detenido, conocido como "Pucho", tiene numerosos antecedentes penales y fue apresado luego de un tiroteo con efectivos de la DDI La Matanza que quisieron identificarlo en la localidad de Villegas.

En medio de la balacera, el hombre se quedó sin balas y recibió un disparo en una pierna. Tras ello, fue internado fuera de peligro en un hospital local.

Por otra parte, el detenido también está acusado de balear en una pierna a un joven de 20 años durante un asalto en Ciudad Evita el 23 de febrero de 2012.

Fuentes policiales confirmaron que el detenido es quien el 2 de julio pasado baleó a María Guarachi (37) cuando llegaba a su casa del barrio Democracia de Ciudad Evita, junto a su marido, Eduardo Romero, a bordo de un Audi A4.

En la puerta de la vivienda, los esperaba dos autos con al menos cinco delincuentes a bordo que, sin mediar palabra, abrieron fuego con pistolas y una escopeta.

En ese momento, Romero logró poner marcha atrás, chocar uno de los autos de los delincuentes y escapar entre los balazos, pero a pocos metros uno de los vehículos lo alcanzó y volvieron a disparar contra al Audi que recibió al menos ocho impactos de bala en el parabrisas.

Los delincuentes finalmente escaparon sin robar y Romero condujo hasta una sala de primeros auxilios para hacer atender a su mujer.

El increíble caso del hombre al que se tragó la tierra

Darío Jerez era comerciante. Tenía esposa y 3 hijos. Desapareció en Santa Teresita en 2001. Este año hubo un juicio contra 5 acusados de encubrir un presunto crimen. Pero todos fueron absueltos.

    

¿Dónde está?. La esposa de Jerez, en la esquina de Santa Teresita donde fue hallado el auto de su marido, estacionado de contramano y con las llaves puestas./ FABIAN GASTIARENA

 

                        

27/10/13

El señor Jerez se levantó temprano, desayunó en familia, arregló con su mujer que él la buscaría al mediodía para llevarla a la escuela (ella era maestra jardinera), acomodó las puntas del cuello de la camisa bajo el pulóver amarillo, salió en su auto para hacer la recorrida habitual por los locales de Santa Teresita...

y desapareció.

Aquel jueves de primavera de 2001 (hace dos días se cumplieron 12 años), lo último que se supo de él es que efectivamente visitó un par de esos locales, como hacía diariamente.

En pleno mediodía, se esfumó. El auto –un Ford Fiesta–quedó estacionado de contramano con las llaves puestas, el pulóver en el asiento del acompañante, el cargador del celular en el piso y un paquete de galletitas en el asiento de atrás. No había en el vehículo rastros de sangre, ni de peleas ni huellas de otras personas que no fueran de la familia.

Es todo.

Su mujer comenzó a buscarlo al mediodía, no bien su hijo Germán almorzó y, ya que su papá no llegaba, salió solo para la escuela. Ese día hizo 124 llamadas al celular de su marido –Rubén Darío Jerez, 46 años, con quien criaba a tres hijos– que nadie respondió nunca. La Dirección Nacional de Migraciones le informó a la Justicia que nadie con su nombre y documento salió del país por los pasos fronterizos durante los últimos 12 años.

Por la causa pasaron seis fiscales que llevaron el caso a un juicio oral que terminó este año en Dolores, tras un mes de audiencias y la declaración de 184 testigos. Había cinco acusados de encubrimiento, uno de falso testimonio y un problema enorme, titánico, irresoluble: una hipótesis de homicidio sin cuerpo, ni móvil, ni asesino. ¿A quiénes encubrirían, entonces, los imputados? La sentencia terminó con la absolución de todos, protestas de los allegados a la víctima y una pregunta agigantada por la impunidad: ¿Qué pasó con Jerez?

Los hombres recién absueltos (tres de ellos dirigentes radicales de cercanía con el intendente del Partido de la Costa de aquel momento, Guillermo Magadán) sostienen que la causa fue armada contra ellos por razones políticas. “A dos días de las elecciones de 2007, y cuando faltaban pocos días para que la causa prescribiera, el fiscal sacó de la galera un procesamiento a tres representantes de la UCR, a un amigo de la familia y a un empresario amigo de Jerez”, se quejan. Y recuerdan que aquel fiscal, tras procesarlos, “fue ascendido a fiscal general” de Dolores.

Como sea, Jerez llegó cerca de las 10 a la rotisería de las calles 27 y 4 de Santa Teresita. Era vendedor de golosinas y gestor de la empresa de la tarjeta de crédito local Comprar. Estuvo allí unos minutos y cruzó al comercio de la calle 3, donde le hizo una cobranza a su dueño, José Stoll. Este vio que, al salir, Jerez se puso a conversar “con una persona más alta que él”. Una descripción demasiado general para Jerez, que medía sólo 1,62. Otros testigos dijeron que este hombre era “rubio”. Y que Jerez caminó brevemente a su lado mientras hablaba por celular. Aquel enigmático acompañante ocasional nunca pudo ser individualizado por la Justicia.

En el juicio hubo una coincidencia única entre fiscales, querellantes y abogados defensores: Jerez no tenía motivos para irse de su casa, para desaparecer de golpe y para siempre de su vida tranquila y con actividad social: era dirigente de un club de fútbol infantil, al que le dedicaba sus fines de semana.

Su mujer recuerda que, el día de la desaparición, un policía le dijo que debía esperar unas horas antes de salir a “averiguar el paradero”, pero ella lo tomó de las solapas y le gritó: “Salí a buscarlo ahora”.

No hubo caso. “Muchos años esperé que Darío estuviera vivo. Yo estaba totalmente abocada a que apareciera, pero hoy esa esperanza se ha opacado. Tiene que estar muerto, si no se hubiera comunicado con nosotros”, dice ella.

“Por su voluntad no se fue”, dijo en el juicio la madre de Jerez, Isabel Suárez. Teresa Farías, amiga de la familia, remarcó: “Conociendo a Darío, nunca pudo irse y dejar a su esposa que amaba y a sus hijos”.

Hay una trama de cheques por cobrar, aunque por importes menores (se habla de 10 cheques por sumas poco significativas), y todos coinciden en que Jerez no tenía un puesto de relevancia en ninguna de las empresas en las que trabajaba ni para manejar grandes valores ni para negociar deudas.

Los jueces dijeron que los 5 testigos que dijeron haber visto a Jerez conversando con otro hombre “en ningún momento mencionaron que hubieran observado una maniobra dirigida a concretar un secuestro”.

El tribunal también consideró que, “si bien es cierto que resulta absolutamente verosímil que Jerez no se haya ido por su propia voluntad, también es cierto que esa circunstancia no acredita que haya sido asesinado”.

¿Entonces? Uno de los abogados del caso dijo en el juicio de 2013 que la investigación estaba en la misma situación que en 2001. Parece una verdad de hierro.

Los jueces, preocupados por las vacantes y los retrasos

 

Hay 2.387 juicios orales pendientes y 249 cargos de jueces vacantes por distintas responsabilidades.

 

25/09/13

La Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional y la Cámara Nacional de Casación Penal manifestaron, por separado, su preocupación, por los juzgados que permanecen vacantes por retrasos del Gobierno y el Consejo de la Magistratura y el colapso de los juicios orales.

Un informe de Casación que circula por Tribunales señala que los seis Tribunales Orales Federales (TOF) de la Capital Federal tienen 2.387 juicios pendientes luego de que los casos que les llegan crecieron 338% en diez años.

Esto, pese a que durante el gobierno de Menem se creó el sistema de juicios orales para que la condena quede en ese nivel y no como antes en los jueces de instrucción, para acelerar las causas. El proyecto se conoció como la reforma de León Arslanian, entonces secretario de Justicia de Menem.

Este colapso es una de las causas que provoca, como pasó la semana pasada, que el caso de Carlos Menem y la cuenta en Suiza que descubrió Clarín en 2001, prescriba. Ese retraso en los juicios orales provoca además que presos por narcotráfico o secuestros extorsivos, que llevan más de dos años en prisión preventiva sin sentencia, deban ser excarcelados por los jueces porque no se les puede hacer el juicio oral.

Además, están pendientes de realización en juicio oral procesos por la represión ilegal de la dictadura. Hay un juicio por la ESMA II y otro por el Plan Cóndor de represión de las dictaduras del cono sur durante los setenta.

El otro problema son la falta de jueces. Respecto de la responsabilidad del Gobierno en esas vacancias, la asociación -que presidente el camarista Luis Cabral- subrayó que “ se registran 249 cargos vacantes de juez nacional o federal entre juzgados de primera instancia y tribunales colegiados. Si bien varias de dichas vacantes se encuentran incorporadas a un concurso en trámite en el Consejo de la Magistratura, 65 están en condiciones de ser cubiertas por el Poder Ejecutivo a partir de las ternas que le fueron enviadas”. Al día de la fecha “existen 7 vacantes de juez con concurso concluido a consideración del Plenario; 80 afectadas a concursos en trámite; 10 para resolver eventuales acumulaciones a procedimientos abiertos y 87 a la espera de la convocatoria de un nuevo concurso”.

Todo después del virtual fracaso de la reforma judicial

Piden a la Justicia nuevos testimonios en la causa por el asesinato de Rucci

 

Lo hicieron los hijos del sindicalista. Quieren que declaren la hija de un ex gobernador y el periodista Bonasso

Conmoción. Policías, alrededor del auto al que iba a subir Rucci cuando fue asesinado, el 25 de septiembre del 73.      

25/09/13

Los hijos del sindicalista José Ignacio Rucci, asesinado a tiros en una emboscada, pidieron a la Justicia que convoque a dos nuevos testigos en la causa para esclarecer aquel crimen político, del que hoy se cumplen 40 años. El pedido alcanza a la diputada nacional kirchnerista Gloria Bidegain, hija del entonces gobernador bonaerense Oscar Bidegain, y Miguel Bonasso, ex diputado nacional, escritor, periodista y ex militante de la organización guerrillera “Montoneros”. Ahora, el juez federal Ariel Lijo debe resolver si accede al pedido de la diputada nacional Claudia Rucci y su hermano Aníbal, que ya habían pedido los testimonios de los ex jefes montoneros Mario Firmenich y su esposa (residentes en España), Fernando Vaca Narvaja (actual ministro de Obras Públicas en Río Negro), y Roberto Perdía, entre otros.
En 1973, Rucci vivía en un departamento de dos ambientes que hizo construir en la terraza de la CGT de la calle Azopardo, justo arriba de su despacho del 5° piso. Pero la noche anterior a su muerte, la pasó con su mujer y sus hijos en una casa chorizo de Avellaneda 2953, entre Argerich y Nazca. El 25 de septiembre, 48 horas después de las elecciones generales en las que Juan Domingo Perón derrotó con amplia ventaja al radical Ricardo Balbín y resultó electo presidente por tercera vez, fue acribillado por francotiradores. Recibió un disparo mortal de FAL, que entró por su cuello, y le partió la yugular. Era las 12.10.
La investigación judicial arrancó ese mismo año, pero por la falta de resultados fue archivada en 1988. A raíz de la publicación del libro “Operación Traviata”, el juez Lijo reabrió el 26 de septiembre de 2008 la causa. En agosto de 2012, el magistrado desechó el pedido de la diputada Rucci de considerarlo delito de lesa humanidad, y quedó a un paso de prescribir.
Pero en diciembre de ese año, la Cámara Federal le ordenó al juez avanzar en la investigación de los autores materiales del crimen del ex secretario general de la Confederación General del Trabajo (CGT). Los jueces Horacio Cattani, Martín Irurzun y Eduardo Farah ordenaron una gran cantidad de medidas de prueba para determinar “después el grado de inserción o pertenencia” que “pudieron haber tenido en la organización que se atribuyó el suceso”, esto es Montoneros. Lijo reaccionó llamando a varios testigos.
En agosto pasado, un ex integrante de Montoneros, Alejandro Peyrou, declaró que militantes de esa agrupación participaron del asesinato. Según ese testigo, el móvil del crimen fue el “limitar o condicionar” y “desafiar” a Perón “tirándole un cadáver”. Peyrou, por entonces funcionario de la Cancillería, aseguró también que la responsabilidad de Montoneros “fue reconocida internamente muy rápidamente por múltiples vías”, aunque “públicamente ninguno de los miembros de la conducción nacional lo reconoció”.
En su último libro, “Montoneros. El peronismo combatiente en primera persona”, Roberto Perdía, ex número dos de Montoneros, descartó cualquier responsabilidad de la conducción.
“¿Usted dice que (la conducción de Montoneros) no tuvo ninguna vinculación con el asesinato de Rucci?, le preguntó Clarín en una entrevista reciente: “Ni personal ni de conducción. Y puedo ratificar que la decisión no fue esa”, dijo.

Los asaltaron en la playa de estacionamiento de un súper y terminaron baleados

            Una pareja de médicos fue sorprendida por tres delincuentes cuando cargaban la compra en su auto. Se los llevaron de rehenes y hubo un tiroteo entre los ladrones y la Policía. Las víctimas están internadas.

Un hombre y su esposa, ambos médicos, fueron tomados como rehenes dentro del playón de estacionamiento del hipermercado Coto de Ciudadela, cuando cargaban las bolsas de la compra en su auto, por tres delincuentes que se subieron al vehículo de las víctimas y los obligaron a irse con ellos. En la huida se cruzaron con la Policía y se produjo un tiroteo: ambos resultaron heridos y están internados en el Hospital Posadas de El Palomar.

Así lo confirmó a tresdefebrero.clarin.com el Jefe de la Departamental de San Martín, Miguel Maccario. El hecho sucedió ayer, cerca de las 21, en el hipermercado que esa cadena posee en la calle Comesaña al 4000, a metros del Acceso Oeste. "La pareja estaba cargando las bolsas y fueron intimidados dentro de la playa de estacionamiento del hipermercado. Por un llamado al 911 nos avisaron que habían robado un Volkswagen Fox y se realizó un operativo cerrojo. Cuando dimos con el vehículo, los ladrones dispararon contra los efectivos policiales, que repelieron el ataque", dijo Maccario a este portal.

Por el intercambio de disparos la pareja resultó herida. El hombre, identificado como Emilio Sosa Segovia, recibió un tiro en su pierna derecha. Estaba en baúl. Su esposa, Ingrid Flores, otro en la espalda. Estaba en el asiento trasero. Si bien la vida de ambos no corre peligro, el jefe policial informó que el estado de la mujer es más complicado. "Una vez terminado el tiroteo y cuando los efectivos detuvieron a los tres sujetos, el personal tomó conocimiento de que tenían a la pareja privada de su libertad en el vehículo", agregó Maccario.

Por estas horas, la investigación gira en torno a intentar determinar si los disparos que hirieron a las víctimas, ambos de nacionalidad boliviana, fueron efectuados por la Policía o por los ladrones. "Esa información, más el lujo de detalle de lo que sucedió, la vamos a tener cuando a las víctimas se le pueda tomar la declaración testimonial", sumó el Policía. El fiscal de San Martín a cargo de la causa, Fabio Cardigonde, solicitó el secuestro de las armas reglamentarias de los policías.

"Lo que sucedió en el interior del hipermercado es algo que va a tener que responder la parte de seguridad de la empresa", culminó el jefe policial.

Los ladrones, todos mayores de edad y con antecedentes por robo calificado, fueron trasladados a la comisaría 2ª de Tres de Febrero. En el interior del auto hallaron tres armas de fuego (una pistola calibre 40, un revólver calibre 38 y un revólver calibre 32). Se les instruyeron actuaciones por "robo calificado por el empleo de arma de fuego, robo de automotor y lesiones graves". No hubo más heridos.

La increíble fuga de Shiva, el preso que era un estudiante ejemplar

Le faltaba un año para ser abogado y más de diez para cumplir su condena por robos y secuestros exprés. Cuatro guardias armados lo llevaron a la facultad, en Recoleta.  Entró y ya no lo vieron más.

Entrada principal. La cárcel de Devoto tiene un Centro Universitario adentro, pero a los presos de buena conducta los dejan ir a la facultad./DYN

Entrada principal. La cárcel de Devoto tiene un Centro Universitario adentro, pero a los presos de buena conducta los dejan ir a la facultad.

 

Era viernes y como ocurría tres veces por semana a esa misma hora,  el penitenciario de guardia se acercó a la puerta y lo llamó por su nombre. Shiva Narada Benítez Díaz dejó de mirar el noticiero y salió del pabellón 50 del penal de Devoto. Ya tenía lista la mochila con los libros y apuntes. Fue identificado y pasó hacia el sector de la División Traslados. Como debían llevarlo a la Facultad de Derecho de la UBA, dos de los cuatro penitenciarios que lo acompañaban estaban de civil. Igual, los cuatro llevaban armas.

Llegaron a Recoleta en el mismo tipo de camión en el que se traslada a cualquier preso. Entraron por una puerta interna de Figueroa Alcorta y le quitaron las esposas para que pudiera tomar notas, como siempre. Y ya no volvieron a verlo.

A partir de ahí, lo sucedido es un misterio. El preso se fugó. Al día siguiente hubo un allanamiento en su pabellón de Devoto. Un juez quiso incautar sus pertenencias, pero sus compañeros, apenas enterados de la noticia, habían agarrado todas sus cosas. Desde el viernes 28 de junio a la tarde hace 17 días, Shiva, como lo conocían todos en el Penal, está prófugo.

Pocos presos escapan en su situación: el porcentaje de fugas es ínfimo comparado a la cantidad de internos que salen a cursar materias y regresan a sus celdas cada noche. Pero Shiva no volvió.

“Los penitenciarios te dejan en la puerta y te avisan a qué hora te pasan a buscar, no te custodian nada”, dice a Clarín un ex interno que gozaba de salidas por estudio. Pero otro, que conocía a Benítez Díaz, sostiene que sin ayuda es imposible fugarse: “Shiva movía buen dinero. La tiene que haber pagado. Es imposible que (los guardias) no te custodien, porque con una fuga se les abre un proceso penal”.

Benítez Díaz había nacido en Bolivia y desde chico se crió en un barrio porteño de clase media. Tiene 30 años y llevaba 5 en prisión. En 2010 había cursado el CBC de Derecho y desde 2011 estudiaba en el Centro Universitario de Devoto (CUD). Hacía un año y medio que, por sus buenas notas, salía a la facultad a cursar materias que no se dictaban en el CUD. Estaba en la última etapa de la carrera.

Le faltaba un año para recibirse, dos para irse expulsado como extranjero, y más de diez para cumplir su condena por secuestro y robo. En esa causa también estaba acusado de abuso, pero por ese delito terminó absuelto.

“Era una luz. Tenía una gran capacidad”, dice un ex profesor suyo. Por ejemplo, había rendido libre Derecho Tributario , Sacó un 9, y el profesor lo puso como ejemplo ante los demás estudiantes. El docente comentó que no entendía cómo “un alumno que está en la cárcel y estudia con material viejo saca la nota más alta de la clase”.

En el CUD dicen que Benítez Díaz se pasaba el día con los apuntes en la mano. De los 25 presos de su pabellón, era el único que no tenía salidas transitorias. El pabellón 50, donde pasó sus últimos días, es de régimen abierto y de autodisciplina. Muchos salen a estudiar sin seguridad, o a pasar los fines de semana en sus casas.

Antes de ir a Devoto, Shiva estuvo en la cárcel de Ezeiza. Había caído por secuestrar transas (vendedores de droga) del Bajo Flores. Los compañeros eran del Barrio Illia. Hacían secuestros exprés al voleo y llevaban a sus víctimas a la villa 1-11-14. “Gastaba todo en un cabaret de Recoleta. Ahí conoció a su mujer”, cuenta otro de sus allegados.

Para obtener las salidas de la cárcel, el Servicio Penitenciario lo había calificado con excelentes puntajes en “conducta” y “concepto”. Fueron consultados el fiscal de su causa y el juzgado. El dictamen fue la orden judicial para que, custodiado, pudiera salir a estudiar.

Shiva decía conocer todo el país y algunos limítrofes. Había declarado ser comerciante, y les decía a sus compañeros de la cárcel que tenía negocios en barrios de clase alta y autos de alta gama. Le gusta la música electrónica. Y leer. Concurría a la biblioteca del pabellón asiduamente. Y había sacado, días antes de la fuga, El Príncipe, de Nicolás Maquiavelo. “Está muy por afuera del imaginario colectivo que puede tener la sociedad de un preso que se fuga. Por la pilcha, por el vocabulario. Es un señor”, cuenta alguien que lo cruzaba en las aulas

Pilar: lo matan de dos cuchilladas frente a su casa

Un hombre fue asesinado de dos cuchilladas frente a su casa en la localidad bonaerense de Manuel Alberti, en el partido de Pilar. Según seinformó hoy, los investigadores presumen que podría ser por cuestiones pasionales.

El hecho fue cometido en la madrugada del sábado, alrededorde las 3, frente a la casa de la calle Arroyo Grande, 115, al norte delconurbano.

Fuentes policiales informaron que el propietario de la casa,Carlos Jesús Rolón, de 45 años, discutió con un conocido de su pareja que puso fin a la pelea aplicándole dos cuchilladas en el pecho antes de escapar.

El herido fue trasladado a un Hospital de Pilar donde murió cuando era asistido, destacaron los informantes. Con los datos aportados portestigos, los investigadores buscaban esta mañana a un conocido de la esposa deRolón.

En la comisaría cuarta de Manuel Alberti se instruyeronactuaciones por "homicidio" con intervención del fiscal LeonardoLoitertein, titular la UFIJ 2 de Pilar.

Sin imputar a Báez, allanaron la financiera de Puerto Madero

La medida también incluyó las casas del financista Elaskar y del “valijero” Fariña por supuesto lavado de dinero.

Procedimiento. Efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria ingresan ayer al Madero Center./MARCELO GENLOTE.

 

 

 

 

 

Procedimiento. Efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria ingresan ayer al Madero Center. 

A cuatro días de emitido el informe televisivo en el programa Periodismo Para Todos  sobre presunto lavado de dinero del empresario kirchnerista Lázaro Báez, la Justicia arrancó ayer formalmente la investigacion. Por orden del juez Sebastián Casanello se hicieron cuatro allanamientos, tres de ellos en Puerto Madero y uno en la ciudad de La Plata, según dijeron anoche fuentes judiciales.

El magistrado ordenó los procedimientos a la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), que los llevó a cabo mientras se realizaba el cacerolazo en el centro de la ciudad e incluso en Puerto Madero.
Se trata de las oficinas de la financiera SGI conocida como “La Rosadita”, dos departamentos unificados en el séptimo piso de uno de los edificios del complejo Madero Center, a los que se entra por la calle Juana Manso, y del departamento particular del financista Federico Elaskar, al que se ingresa por la calle Azucena Villaflor.
Otro allanamiento fue en una propiedad en la ciudad de La Plata relacionada con el devenido millonario Leonardo Fariña y el cuarto procedimiento en una oficina no identificada de Puerto Madero. No se conocían anoche los resultados de los mismos, aunque es presumible que ya no existieran elementos sensibles en esas propiedades luego de los cuatro días transcurridos desde que se difundiera el informe en el programa de El Trece.
Las medidas fueron ordenadas por el magistrado luego de recibir por la tarde el requerimiento de instrucción del fiscal Ramiro González, un paso necesario para el inicio de toda causa penal. González había pedido una serie de medidas e imputó a Elaskar y Fariña, sobre quienes opinó que ya pueden ser llamados a prestar declaración indagatoria por la presunta comisión del delito de lavado de dinero.
Pese a que la causa lleva en su carátula el nombre de Lázaro Báez, el empresario kirchnerista favorecido por la obra pública en Santa Cruz no figura en el requerimiento firmado ayer por González junto con su colega Carlos Gonella.
Báez está sospechado de haber sido quien entregó unos 55 millones de euros en unos pocos meses a Fariña para que éste lo lavara a través de la financiera CGI de Elaskar durante 2011, según dijo el propio financista al programa de Jorge Lanata.
Sin embargo, la acusación inicial de la Fiscalía no se basa en los dichos de Elaskar y Fariña sino en una información arrimada ayer mismo a la Justicia por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos. Se trata de una vieja investigación de la Unidad de Información Financiera (UIF) en base a Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) enviadas por diversos bancos sobre transferencias de cuentas bancarias vinculadas a Elaskar, Fariña y la empresa SGI y otras empresas no identificadas, por unos 20 millones de pesos.
El argumento escuchado en Tribunales es que Elaskar y Fariña negaron en otros programas de TV haber dicho lo que dijeron en el de Lanata. Por ello, el fiscal pidió recopilar todo lo publicado y difundido por este tema en estos días, incluido el tape de PPT e incluso citar como testigos a los periodistas que participaron del mismo.

Insatisfecha con el resultado de una estética, denunció al médico: rechazaron la demanda

Aún conociendo los riesgos a los que se enfrentaba, decidió operarse. Quería mejorar el aspectote su abdomen, que exhibía las cicatrices de tres cesáreas. Tras la cirugía, el resultado no fue el que esperaba, entonces demandó al médico por mala praxis, reclamo que la Cámara Civil rechazó.

El fallo tomó en cuenta que la paciente, que fue operada en el Hospital Británico, en Barracas, "fue informada de todos los riesgos de los procedimientos que se le realizarían" y prestó su consentimiento a una "pormenorizada explicación" sobre su estado de salud y los riesgos que implicaba la intervención. También se le habían ofrecido alternativas a la cirugía, “incluida la de no hacer nada”.

La mujer quería someterse a una intervención para "para mejorar la estética de su abdomen (había tenido tres cesáreas)" y además "presentaba dificultades de aceptación de su esquema corporal que influía negativamente en su autoestima y relación de pareja. Tiene dos hijos en el exterior con quienes no mantiene ningún contacto desde diez años atrás", señala el fallo.

Con la información suministrada y el consentimiento prestado por la paciente, los camaristas Elisa Díaz De Vivar, Fernando Posse Saguier y Mabel de los Santos concluyeron que se trataba de "de una persona capaz, más allá de algunos rasgos de su personalidad o estructura psicológica de base".

Al desestimar la demanda, los jueces afirmaron que "no se ha demostrado cuál fue el error del médico cirujano” que trabajó sobre una “zona vulnerable” por los antecedentes de la paciente, “quien a pesar de haber tenido la opción de desistir de la cirugía, por ser coqueta y estar pendiente de su aspecto (así lo sostuvieron las testigos que declararon), asumió llevarla a cabo”.

Tres detenidos por el trágico incendio del boliche de Santa María

Se trata de uno de los dueños de la disco donde murieron 233 personas. También fueron apresados dos de los músicos del grupo Gurizada Fandangueira, que tocaba cuando se produjo el incendio.

La policía brasileña detuvo hoy a uno de los dueños del boliche Kiss y a dos de los músicos de la banda Gurizada Fandangueira, que tocaba en la disco de Santa María cuando se produjo el trágico incendio en el que murieron 233 personas.

Las detenciones, todas de carácter preventivo, se concretaron esta mañana a pedido del juez Adil Bertolin. Según se publica en la edición del diario brasileño Jornal do Brasil, Elissandro Sphor –uno de los propietarios de la disco- fue apresado en un hospital de Cruz Alta.

En tanto que los dos integrantes del grupo Gurizada Fandangueira fueron detenidos durante el velatorio de Danilo Jaques, su compañero de banda que murió en la tragedia.

Por otra parte, se supo que el otro dueño de Kiss también tiene pedide de prisión preventiva, pero aún no fue ubicado por la policía.

Mientras la justicia comienza a investigar lo ocurrido y a buscar a los posibles responsables de la tragedia, los pobladores de Santa María comenzaron a sepultar a las 233 víctimas fatales (todos jóvenes) del incendio.

Conmocionados, familiares, amigos y conocidos de los fallecidos asisten a los funerales que se llevan a cabao en el Cementerio Municipal de Santa María y en el de Santa Rita

AMIA y DAIA rechazan el acuerdo con Irán: "No está contemplado en las leyes argentinas"

La DAIA y la AMIA declararon esta mañana su más enérgico rechazo a la decisión del gobierno de Cristina Kirchner de firmar con la república islámica de Irán un acuerdo para crear una comisión especial que juzgue el atentado a la mutual judía, que dejó 85 muertos.

En un comunicado conjunto advirtieron que "la conformación de una comisión de la verdad no está contemplada por las leyes argentinas que regulan el proceso penal, lo que implicaría una declinación de nuestra soberanía y un reconocimiento de que las conclusiones a las que se llegó en la investigación judicial, y que dieron lugar a los pedidos de captura de Interpol, no son la verdad ".

"Tengamos presente la tarea de nuestros fiscales y las votaciones de la Secretaría y la Asamblea General de Interpol que dieron curso a los pedidos de captura y a las circulares rojas"", consignó el parte difundido por la Agencia Judía de Noticias.

De acuerdo con el informe, se resaltó que "en aquella oportunidad, la comisión de asuntos jurídicos de Interpol, ante la destacada labor de los fiscales argentinos que expusieron en esa oportunidad, resolvió que las pruebas eran suficientes y aptas para requerir las capturas".

Finalmente, manifestaron AMIA y DAIA que "ignorar todo lo actuado por la justicia argentina y reemplazarlo por una comisión que, en el mejor de los casos, emitirá, sin plazo definido, una "recomendación" a las partes, constituye, sin dudas, un retroceso en el objetivo común de obtener justicia. Cualquier comisión a crearse no puede tener otra función que la de controlar o fiscalizar la legalidad de las indagatorias"

Una trabajadora social murió al quedar en medio de un tiroteo entre bandas

Una trabajadora social de 40 años murió al ser baleada al quedar en medio de un supuesto enfrentamiento entre bandas en el barrio Ludueña, en el noroeste de Rosario.

Ocurrió ayer pasadas las 20, en la esquina de las calles Garzón y Gorriti, cuando por causas que se investigan se produjo un tiroteo entre dos grupos que se movían en motos. Uno de los disparos dio en el cuerpo de Mercedes Delgado, quien estaba en la vereda esperando a su hijo.

La bala entró por la zona lumbar. En muy grave estado, la mujer fue trasladada de inmediato por vecinos al hospital Centenario, donde fue operada, pero murió esta mañana.

Delgado realizaba desde hacía varios años tareas sociales en el comedor del centro comunitario San Cayetano y era muy reconocida por su trabajo en el barrio Ludueña.

Fuentes de la investigación citadas por la agencia de noticias DyN señalaron que no se descarta que el incidente haya sido por la disputa del territorio entre dos grupos.

Hallan asesinada a una mujer en un volquete y detienen a su pareja

Una mujer fue hallada asesinada adentro de un volquete en la localidad bonaerense de Valentín Alsina. Por el hecho, la Policía detuvo a su pareja.

Alertada por un llamado telefónico, la Policía encontró el cuerpo en un volquete ubicado en la puerta de una planta de reciclado plástico del barrio La Estación, en Valentín Alsina.

A raíz de una serie de elementos hallados junto al cadáver, los investigadores determinaron que la víctima era una mujer de 33 años, que vivía en ese barrio junto a su pareja, de 38 años, y a su sobrino.

Una vez que los policías contactaron a la pareja de la mujer, determinaron que ella había sido vista por última vez el 14 de diciembre pasado. Al ser interrogado por los efectivos, el concubino de la víctima se contradijo en varias oportunidades, por lo que la fiscal de Lomas de Zamora María Recalde dispuso su detención.

El cuerpo de la mujer fue enviado a la morgue judicial, donde será sometido a una autopsia para determinar las causas de su muerte.

Detienen a un policía por la desaparición de Luciano Arruga

Un policía de la Bonaerense está sospechado de aplicar torturas y malos tratos al joven desaparecido en Lomas del Mirador cuando era menor de edad, antes de su desaparición.

 

Un policía de la provincia de Buenos Aires fue detenido sospechado de aplicar torturas y malos tratos al joven Luciano Arruga desaparecido en Lomas del Mirador hace casi cuatro años.Se trata del oficial principal Julio Diego Torales que trabajaba en la comisaria segunda de la localidad de Gregorio de Laferrere.

La investigación que impulsó la Auditoría General de Asuntos Internos, dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, en el marco de la causa, asegura que "hay sospechas de que el agente infirió torturas y malos tratos al joven meses antes de su desaparición".

La detención de Torales fue ordenada anoche por los fiscales del Departamento Judicial La Matanza, Carlos Arribas y Celia Cejas, a cargo de la UFI especializada en Homicidios Dolosos y Averiguación de Causales de Muerte.

De todas formas, la detención del policía de Laferrere, no se dio en el marco de la desaparición en si misma de Arruga sino por otra causa anterior. Se trata de una denuncia de detención ilegal y torturas que hizo la familia cuando el chico era menor de edad, antes de su desaparición, según confirmó a Clarín.com Juan Manuel Combi, abogado de la familia Arruga.

Ahora el efectivo policial pasó a disponibilidad preventiva, según informó la Auditoría Interna del Ministerio de Seguridad.

Luciano Arruga, de 16 años, fue visto por última vez el 31 de enero de 2009, cuando fue interceptado por la policía bonaerense en Lomas del Mirador. Las sospechas de su familia estuvieron siempre sobre la Policía de ese distrito. Según dijeron, "no sólo por su desaparición sino por el reclutamiento de chicos para robar que se hacia en la zona y en la que los agentes estaban implicados".

Vanesa Orieta, la hermana de Luciano, explicó varias veces que "Hay pruebas bastante contundentes contra varios policías del destacamento de Lomas del Mirador, que siempre tuvieron contradicciones evidentes entre ellos, pero ninguno está preso, ninguno está procesado, y lo más terrible es que muchos siguen trabajando como si no hubiera pasado nada. Y encima los policías sólo aparecen como testigos en la causa".

El 27 de diciembre del año pasado los familiares de Luciano junto con la Comisión por la Memoria de la provincia de Buenos Aires (CPM), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH – La Matanza) hicieron una presentación ante la justicia provincial para que la causa sea investigada por la justicia federal como desaparición forzada de persona ya que durante todos estos años solo era "averiguación de paradero".

En una conferencia de prensa pidieron también el juicio político para la primera fiscal que intervino en el caso, Roxana Castelli, "por haber incurrido en irregularidades y haber favorecido la impunidad" . Y también requirieron una investigación profunda "sobre la responsabilidad de los policías sospechados, las maniobras de encubrimiento cometidas durante la instrucción de la causa y las irregularidades advertidas en las comisarías involucradas".