Mañana se resuelve la situación del menor preso por el brutal asalto a Baby.

El juez de Garantías Nº 3 de San Isidro, Mariano Ricardo Giglio, deberá definir si dicta la prisión preventiva al más peligroso de los delincuentes que participaron en el brutal ataque contra la familia del periodista de Radio 10 el pasado lunes 12 de marzo. El joven de 17 años es imputable y tiene antecedentes por robo y secuestro

Lucas, conocido como “El Cofla”, se encuentra internado bajo custodia policial a la espera de que se resuelva su situación procesal. De acuerdo a los plazos estipulados en el proceso penal bonaerense, mañana se vence el plazo para que la Justicia dicte su procesamiento y su prisión preventiva.
Para ello, el juez Giglio debe convocar a una audiencia en la que suele darse voz a los imputados antes de una definición judicial, que en este caso se prevé que será la reclusión del peligroso delicuente. En caso de que el magistrado no convoque al encuentro, el menor quedaría inmediatamente libre.
Además del brutal robo en la casa de Baby, “El Cofla” tiene antecedentes de haber participado en otros asaltos violentos e incluso en secuestros extorsivos, por lo que se trata de un delincuente de máxima peligrosidad.
De acuerdo a las investigaciones, este joven de 17 años –que, pese a ser menor de edad, es imputable– era el líder de la banda que secuestró a parte de la familia de Baby y participó del tiroteo en su propia vivienda de La Horqueta.
Gliglio, magistrado bonaerense que asumió a fines de 2008 cuando se creó el fuero de responsabilidad juvenil, deberá definir si el menor continúa preso o vuelve a la calle. El resto de los imputados –los mayores de edad de la banda– están en otro expediente que quedó bajo la órbita del juez de Garantías Ricardo Costa.
De hecho, en estos momentos Costa se encuentra tomándole declaración indagatoria a Horacio Barreto, de 27 años, conocido como "El Pola", quien fue apresado durante un procedimiento policial realizado ayer en una villa de emergencia de la zona de Vicente López, en el norte del Gran Buenos Aires.

Crimen del country: la madre se negó a declarar y el fiscal pedirá detenerla.

El fiscal Leandro Heredia le tomó declaración a Adriana Cruz, sospechosa del crimen de su hijo de seis años, que apareció ahogado en el baño de su casa del club de campo San Eliseo. "Estaba bien, no la encontré deprimida ni exaltada. Hay pocas chances de que sea declarada inimputable", afirmó

Instantes después de estar cara a cara con la mujer, el fiscal reveló qué le dijo y cómo vio a la ciudadana brasileña de 41 años, que en las últimas horas se convirtió en protagonista de un horrendo caso policial.
"La imputada hizo uso de su derecho y no prestó declaración. El diálogo fue breve, dijo 'me niego a declarar' y se acabó", relató Heredia, quien fue consultado sobre el estado de la mujer y contó: "Estaba bien, no la vi exaltada ni depresiva; mantenía un diálogo muy acotado pero respondía a las consignas".
Sobre la situación procesal de la presunta asesina, Heredia fue contundente: "Está seriamente comprometida con este horrendo crimen. Y la inimputabilidad es una chance muy remota, porque no hay una patología psiquiátrica de base comprobada". "Habría que hacerle estudios más profundos, pero los informes médicos preliminares dicen que (al momento del hecho) estaba lúcida", completó.
Luego, el fiscal adelantó que se dirigirá a La Plata "para solicitarle al juez de Garantías Juan Pablo Massi la detención de la mujer, por el delito de homicidio calificado por el vínculo".
En cuanto a los detalles del hecho, Heredia reafirmó su impresión de que el niño luchó por su vida cuando era ahogado en el jacuzzi: "Hay huellas en el cuello de la mujer, que indican que la víctima quiso defenderse, pero fue vencida por la resistencia de esta persona".
El fiscal también contó que "la autopsia decretó que el niño ingirió líquido, lo que le causó un edema pulmonar que desemboco en un paro cardíaco".
En las próximas horas, el juez Juan Pablo Massi deberá definir la situación procesal de la imputada y responderá al pedido de detención.

"Me creí Dios, me equivoqué, estoy arrepentido"

Eso es lo que, según su abogada, le dijo al juez Ariel Acevedo, uno de los dos enfermeros detenidos por aplicar inyecciones letales a pacientes de dos hospitales de Montevideo. Según los defensores, ambos aseguraron que actuaron "por piedad".
Los abogados de los enfermeros uruguayos Marcelo Pereira y Ariel Acevedo, detenidos y procesados por el asesinato de por lo menos 16 pacientes a los que les aplicaron letales inyecciones de morfina y aire, aseguraron que sus defendidos actuaron por piedad ante el sufrimiento que padecían quienes se convirtieron en sus víctimas. En lo que dijeron los letrados queda claro que los dos acusados habrían actuado sabiendo lo que hacían. Tanto que, según su abogada, Acevedo le dijo al juez: "Me creí Dios. Me equivoqué. Estoy arrepentido".

"Mi cliente reconoce haber dado morfina a por lo menos cinco personas" en casos en los que "la morfina no estaba prescripta por el médico tratante", expresó Santiago Clavijo, abogado de Pereira, enfermero del hospital Maciel y procesado por cinco homicidios. "Se las dio porque eran pacientes, a su criterio, con mucho dolor, que estaban sufriendo. El no podía ver más ese sufrimiento, y para atemperar ese dolor les daba morfina. El móvil que dice mi cliente es por piedad", aseguró en diálogo con radio Mitre.

Hasta ahí, fue muy similar el argumento que esgrimió en declaraciones a radio Del Plata Inés Massiotti, abogada de Acevedo, el enfermero de la Asociación Española acusado por la muerte de once pacientes. "Lo que dice mi cliente es que hizo esto por humanidad", contó la abogada, que también resaltó que en Uruguay "no existe la eutanasia".

Aunque los casos de los dos enfermeros son muy parecidos y ambos están procesados y detenidos en el marco de una misma investigación –que arrancó a partir de una denuncia anónima realizada en enero-, tanto el juez como las autoridades uruguayas creen que actuaron de forma independiente y sin ningún tipo de coordinación. En la misma línea apuntaron los abogados, que se encargaron de reforzar las diferencias entre los dos casos.

"La morfina es un medicamento, controlado y permitido por el Ministerio de salud. Mi cliente suministraba drogas legales. El problema es que debe ser prescripto por el médico. Lo del otro enfermero es totalmente diferente: el otro enfermero suministraba aire", resaltó el abogado de Pereira.

En la misma línea, la abogada de Acevedo, que dijo que es amiga de su defendido desde "hace 20 años", apuntó: "El método de él era muy diferente al de Pereyra. No hay una asociación entre los dos enfermeros para matar gente".

Los dos abogados pidieron además que se les realicen pericias psicológicas a sus clientes.

Caso Tomás: piden el juicio oral para Cuello, único acusado del crimen

Lo solicitó el fiscal Javier Ochaizpuro, quien apuntó contra el padrastro del nene asesinado a golpes el pasado 15 de noviembre. Según informaron fuentes judiciales a Infobae.com, la fiscalía dio por acreditada la autoría y responsabilidad penal de Cuello

El requerimiento de elevación a juicio fue formulado por el fiscal ante el Juzgado de Garantías Nº 1 de Junín, a cargo del doctor José Lucchini.
Para el fiscal, ante las pruebas colectadas y el agregado del resultado de las pericias dispuestas durante la etapa de instrucción, “se ha procedido a la clausura de la misma, con el requirimiento señalado, manteniendo la calificación legal de homicidio agravado por ensañamiento y alevosía, en los términos del artículo 80, inc. 2 del Código Penal”.
En diciembre pasado, el juez impuso a Cuello la prisión preventiva al considerarlo autor de "homicidio agravado por ensañamiento y alevosía", y además le dictó una inhibición general de todos sus bienes y consideró que "no se contentó sólo con matar", sino que buscó provocar al niño un "sufrimiento innecesario".
Lucchini rechazó la falta de mérito y la aplicación de una morigeración al arresto preventivo de Cuello, como había pedido su defensa, por lo que continuará alojado en la unidad 49 de esa ciudad a los efectos de resguardar su integridad psicofísica.
Tomás fue visto con vida por última vez el 15 de noviembre, alrededor de las 12:15, cuando salió de la escuela rumbo a su casa, pero como nunca llegó, su madre realizó la denuncia. Luego de dos días de búsqueda, el niño fue hallado asesinado en un predio rural.

Uruguay: ordenaron la exhumación de cadáveres para constatar más asesinatos

En el marco de las investigaciones del caso que conmueve al país vecino, la Justicia solicitará la medida para determinar si se detectan nuevos casos de pacientes asesinados. Este mediodía, el ministro de Salud anunció una investigación "urgente" en los hospitales donde trabajaban los llamados "enfermeros asesinos"

Crédito foto: Reuters

Luego de que los dos enfermeros reconocieran por fotografías a algunas de sus víctimas, la Justicia solicitará que algunos cadáveres sean desenterrados para realizarles exámenes y, de esa forma, constatar si también fueron asesinados, según se desprende de la información brindada por el diario El País, de Uruguay.
Además, trascendió que uno de los enfermeros dijo haber perdido la cuenta cuando se le consultó por el número de personas que había matado.
El viceministro de Salud, Leonel Briozzo, calificó este lunes de "criminales" a los enfermeros y destacó que en todos los casos "no hubo errores de asistencia sino la voluntad de matar".
Entre las medidas aprobadas por las autoridades de Salud destacan la investigación administrativa que se realizará en ambos hospitales para definir posibles fallos y responsabilidades u omisiones en los controles y la inspección de todas las unidades de cuidados intensivos del país.
Reforzar la unidad de información y apoyo a la población para dar explicaciones a las familias de las víctimas y crear un plan de prevención con apoyo del departamento de Salud Mental para el actual personal sanitario, especialmente para el que trabaja en unidades de cuidados intensivos, son otras de las acciones comprometidas.
También se aprobó la creación de una línea telefónica confidencial para recibir denuncias de posibles muertes dudosas en los centros de salud, en especial de parte de funcionarios de los mismos hospitales.
Ante las consultas de la prensa sobre las supuestas carencias en la vigilancia interna en los hospitales, Briozzo aclaró que los actuales controles sanitarios "no están diseñados para detectar a gente que tenga la voluntad de matar" y "por ello se cambiarán".
El ministro comparó lo ocurrido con una "catástrofe" y dijo que todo el personal a su cargo deberá "trabajar mucho para recuperar la imagen y credibilidad" del sistema sanitario uruguayo, "que sin duda fue afectado".
En ese sistema trabajan 80.000 personas "y este es un caso aislado y sin precedentes en el país", aclaró Briozzo.